Desalojos forzosos y Derechos Humanos

      "Es posible que, a primera vista, no se considere necesariamente que los desalojos forzosos son una cuestión de derechos humanos, sino sencillamente un efecto secundario del desarrollo o de la renovación urbana, la consecuencia de un conflicto armado o un aspecto de la protección del medio ambiente o la producción de energía, por ejemplo, para la construcción de una presa. Sin embargo, la constante amenaza o el hecho de ser desalojado por la fuerza de su casa o de su tierra es sin duda una de las mayores injusticias que pueden cometerse contra una persona, una familia, un hogar o una comunidad".
      "La inseguridad permanente de quienes temen ser victimas de esta práctica, así como el frecuente recurso a actos de violencia para llevarla a cabo, ya revelan el trauma particular y colectivo que se produce siempre ante la posibilidad de un desalojo forzoso. Nadie pide ser desalojado (...). El desalojo forzoso desmantela lo que a la gente le ha tomado meses, años y hasta decenios en construir, destruyendo cada año el sustento, la cultura, la comunidad, las familias y los hogares de millones de personas en todo el mundo. Lejos de solucionar los problemas de vivienda o las crisis urbanas, los desalojos forzosos destruyen las moradas y los asentamientos humanos que la gente considera como su hogar y tal vez sería más apropiado calificarlos de sistema de "privación de vivienda" que de reacción humanitaria y constructiva ante la actual crisis mundial de la vivienda".

       La vivienda tiene tres partes constitutivas: el suelo en que se asiente, los elementos con que se construye y la ciudad que la rodea y complementa. Unos componentes que se reflejan perfectamente incluso en su valor comercial; donde, como sabemos, el entorno es determinante. Poner suelo a disposición de cada uno, bien a nivel de calle o bien en altura puede ser objeto de la administración pública. Para lo que cuenta con patrimonio público de suelo y la capacidad normativa y planificadora. Desde luego, después de lo dicho, habría que intentar siempre en primer lugar reconocer el lugar donde ya se ha asentado la gente. Y cuando llevan más de una década, como en algunos de los casos presentados, ni se debería plantear la posibilidad del desalojo. Por otra parte, conformar la casa o procurarse el piso o apartamento debería ser objeto de los moradores, por sus propios medios (arbitrando, por ejemplo, los mecanismos de una renta básica de ciudadanía y otros sistemas financieros alternativos). Y aquí llevar la ciudad adonde está la gente obliga a otorgar los atributos de urbanidad a todos los espacios habitados y eliminar de raiz en todos ellos la estructura del gueto. Conseguir que toda la ciudad reúna unas condiones mínimas para proporcionar ese alojamiento.

     Exponemos por tanto la necesidad de plantear la actuación en las zonas donde se encuentra el problema. Pero además es preciso no olvidar que en todos los lugares habrá que fomentar la mezcla. Y favorecer el acceso por doquier. Complementar esa labor de urbanización con una ampliación efectiva de los derechos de realojo y retorno. Recoger la posibilidad legar de alojamiento a los "sin papeles". No hablamos, por tanto, únicamente de viviendas protegidas, sino de viviendas para parados, indigentes o rumanos.

     Y todo ello sin olvidar que la casa se debería hacer al modo de los nidos, desde dentro, con el empuje del cuerpo para acomodarla y darle forma. El resultado sólo se obtiene por la presión continuamente reiterada del pecho, con la propia respiración. Y la respiración aún no se compra en el mercado.