Politiquería

Ahora que llega el momento de las elecciones, se hace más patente que en España no se hace política sino politiquería, es decir, política de intrigas y bajezas. Los políticos viven en su mundo, ajenos a las preocupaciones de los ciudadanos de a pie.Si verdaderamente se creen que lo que están haciendo convence a alguien que esté en el paro, o que jamás haya accedido al mundo laboral, están equivocados. Es patético ver la utilización sistemática del no como respuesta a lo que dice el otro, el crucede reproches y el enfrentamiento dialéctico puro y duro sin contenido argumental; no es de extrañar que la clase política se haya convertido en uno de los problemas más importantes de esta sociedad. Lo que necesita este país para salir de la crisis es políticos con ideas creativas que ayuden a que la resignación que nos está invadiendo se transforme en ilusión; no politiqueros. Agradeceríamos de antemano que se abstuvieran de presentarse todos aquellos que no cumplan este requisito.

CHARO INTXAUSTI
BILBAO
XPRESATE, ADN

Política museística postfranquista (Ignacio Díaz Balerdi)

 

Que inventen ellos!

 (Miguel de Unamuno)

      Que España ha arrastrado un atraso secular respecto a los países de su entorno es un lugar común a la hora de caracterizar un desarrollo histórico singular. Que ese atraso se remonta, probablemente, al momento en que comienza el declive del imperio colonial español es una suposición a la que cabría hacer múltiples matizaciones. Que las consecuencias de ese atraso se vieron agravadas en el siglo XX, hasta el punto de suscitar la frase de Unamuno –en la que juegan a partes iguales el sarcasmo y la reivindicación de lo singular, teñido todo ello de un pesimismo muy del gusto tenebrista-, es algo que cualquier observador imparcial –o cualquiera que haya vivido un buen trecho de ese siglo XX- jamás pondría en duda. Máxime, quien conozca el impacto de la sublevación militar de 1936 que condujo, tras una cruenta guerra civil (1936-39), al triunfo del General Franco y a la instauración de una dictadura que habría de sobrevivir durante varias décadas.

      Desde hace largo tiempo España se movió a un ritmo más lento que su contexto más próximo –Europa-, aunque en algunos momentos parecía que podía recuperarse el tren de la Historia: en tiempos más o menos recientes, la etapa previa a la guerra, conocida como II República, prometía ser uno de esos momentos, aunque el final las expectativas se verían frustradas de manera dramática; más reciente aún, un segundo momento clave arrancaría a la muerte del dictador (1975), en un lapso de tiempo que habitualmente se designa como el de la "transición democrática". Si la República había intentado fomentar el progreso y revitalizar la cultura –aunque tras la contienda todo acabara en represión, exilio masivo de intelectuales y depauperación de las coordenadas culturales del país- la transición también buscará, por múltiples caminos, recuperar el impulso creativo de la cultura en un proceso paralelo a otros enfocados a la normalización –entendida en el sentido más amplio del término- del país. Y en el campo cultural, los museos habrían de jugar un destacado papel, tanto por el número de instituciones inauguradas como por el cambio en las mecánicas relativas a la conservación y puesta en valor del patrimonio, de los bienes –materiales e intangibles- en los que pervivía una memoria castigada durante décadas por la desidia y la incompetencia.

      Este segundo momento es el que intento analizar en las páginas que siguen. Será un repaso sintético, no exhaustivo, a algunas de sus claves, para hacer hincapié en cómo y por qué los museos, de manera excepcional para lo que es habitual en ellos, se colocan en un momento determinado a la vanguardia de unas transformaciones generalizadas y sirven como motor de cambio a la hora de reencontrarse, de manera más o menos natural, con un escenario –el de la modernidad, el del progreso, el de la equiparación con Europa- que había sido ignorado, e incluso negado, por los mandamases del franquismo. Para ello me detendré, a base de pinceladas sueltas, en tres aspectos cruciales: el panorama socio-político del momento, el estado de la cultura en las postrimerías de la dictadura y la situación de los museos y de la preservación patrimonial. Todo ello me llevará a apuntar los logros obtenidos en ese largo y difícil proceso, sin olvidar las lagunas, las asignaturas pendientes o los retos a futuro de unas políticas –las referentes a museos- que, quizá urgidas por las prisas, por la inmediatez de unos problemas acumulados durante años, descuidaron –y descuidan- aspectos fundamentales a la hora de establecer estrategias rigurosas de planificación patrimonial.

 

 

[...]

cómo, después de acordado

da dolor;

cómo, a nuestro parecer,

cualquiera tiempo pasado

fue mejor.

(Jorge Manrique)

      Si alguien echa un vistazo hacia atrás y se detiene en lo que fue el franquismo, se dará cuenta de que la visión del poeta sólo es aplicable en sus dos primeros versos a lo que fue un periodo oscuro, violento y miserable (Franco: 2004), por mucho que años después tuviera cierto predicamento la frase "Contra Franco vivíamos mejor", frase que sólo reflejaba la sempiterna ausencia de referencias y la lógica perplejidad a la hora de inventar un futuro que rompiera con décadas de pesadilla.

      El régimen franquista no fue monolítico e inamovible. En casi cuarenta años tuvo que acomodarse, mal que bien, a los tiempos que corrían y, así, desde unos comienzos marcados por la autarquía, la penuria económica y el aislamiento internacional, se pasó a lo que comentaba al principio, a un país que iba con retraso, a rebufo de la Historia –a veces, en contra-, pero que poco a poco mejoraba sus indicadores económicos, sus infraestructuras, sus sistemas productivos e, incluso, sus índices de bienestar social en campos como la educación o la sanidad.

      Éramos pobres, pero dignos. O, al menos, así nos lo querían hacer creer quienes dominaban las riendas del poder y confundían pobreza con santidad, y dignidad con delirio imperial, con reivindicación de particularismos casposos o con repetidas proclamas sobre la degeneración inherente a los regímenes democráticos. Además de la pobreza y de la desigualdad, nunca resueltas por el franquismo, la miseria era una miseria política con implicaciones en cualquier otro campo. El férreo control ideológico, la represión, el ordeno y mando, la prepotencia y la ignorancia condujeron a una alarmante depauperación conceptual, intelectual y cultural. Todo era peligroso para quienes decidían en función de unos rancios y retardatarios principios ideológicos: el arte, la literatura, el teatro, el cine, etc. Eran tiempos duros, pero, vistos en la distancia, provocan risa fenómenos como las colas de españolitos a las puertas de los cines de Perpignan o de Biarritz para ver películas supuestamente escandalosas –entre las más famosas, ‘El último tango en París’ y ‘Emmanuelle’- que hoy parecen mojigatas si las comparamos con las que se exhiben en cine y televisión.

      El régimen se encargaba, por otro lado, de permitir algunos elementos de compensación, sobre todo para labrarse una imagen medianamente civilizada cara al exterior, por lo que en ocasiones fomentaba o patrocinaba iniciativas que equiparaban –aparentemente- nuestra situación con la de los países vecinos: por citar algún ejemplo del mundo del arte, la celebración de la Bienal Hispanoamericana de Arte o de diversos congresos sobre arte contemporáneo y arte abstracto, el surgimiento más adelante de iniciativas pioneras como la sección de arte contemporáneo del Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid o la Fundación Miró de Barcelona (Layuno: 2004), certificaban que aquí también se conocía la modernidad, aunque ésta no fuera practicada de forma asidua, natural, ni fomentada por un régimen caracterizado por su incuria intelectual-, lo que reducía las posibilidades a iniciativas eventuales, aleatorias, carentes de continuidad y sometidas a la omnipresente amenaza de la censura o de la represión.

      El mundo de los museos no se sustraía a esa lógica miserable. Museos, los había, claro está. Con un patrimonio histórico-artístico tan abundante, era lógico que existieran instituciones encargadas de velar por su conservación, máxime cuando dicho patrimonio era considerado por el régimen como la materialización del delirio imperial de un país trascendente y con vocación universal.

      Pero una cosa era la demagogia y otra la realidad. Como consecuencia de la llamada "desamortización de Mendizábal" de 1835 (una requisa de bienes eclesiásticos que, con los años, pasarían a engrosar las colecciones públicas), el país se había dotado de algunos museos situados en Madrid y de otros más en las capitales provinciales. Evidentemente aquella estructura administrativa no era suficiente para la salvaguarda de un patrimonio que se degradaba inexorablemente –cuando no era esquilmado de manera delictiva-, y tampoco lo fue durante el franquismo.

      Es más, la abundancia de testimonios histórico-artísticos probablemente implicó cierta laxitud y desidia a la hora de establecer medidas cautelares –y punitivas- que evitaran la degradación de los bienes patrimoniales. España se convirtió –si no lo era ya- en un escenario caótico: como dice el refrán, a río revuelto, ganancia de pescadores, y en el río revuelto de la posguerra y del franquismo, el país se convirtió en un reino de la picaresca, la corrupción, la excavación clandestina, la compraventa ventajista, el saqueo, el tráfico ilícito o la exportación ilegal de objetos patrimoniales.

      Existían museos y el franquismo inauguró algunos nuevos. Pero todos se movían en unas coordenadas mediatizadas por la burocracia, la falta de medios, la escasez de personal, el desinterés de los dirigentes políticos y el alejamiento de los colectivos sociales, más preocupados por la supervivencia –al principio- y por el bienestar material –más tarde- que por unos objetos ajenos a su quehacer cotidiano y guardados en unos edificios polvorientos y añejos más parecidos a mastodontes decimonónicos que a fábricas de cultura y educación. Por decirlo en palabras de María Bolaños (1997: 396-7), es desde el punto de vista cualitativo, al margen de las cifras, del número de museos existentes, como se aprecia su pobreza conceptual, la incuria estatal, la ruindad de sus instalaciones, el barullo jurídico a que estaban sometidas o su aislamiento de la sociedad.

       Este panorama se prolongó en el tiempo. Habrá que esperar hasta 1985 para que entre en vigor la Ley de Patrimonio Histórico Español (1985), y luego su correspondiente desarrollo en el Real Decreto 3/1986, ley que da el pistoletazo de salida para las sucesivas leyes autonómicas en dicha materia. Hasta entonces existía la Ley de Patrimonio A artístico Nacional (13 de mayo de 1933), aunque su existencia era más bien nominal, agua pasada al ser una ley de tiempos de la República.

      Es verdad que en las postrimerías del franquismo, y de la mano de unos indicadores económicos en alza y de una cierta universalización del acceso a la educación, la situación del patrimonio cultural mejoró de manera sensible. Se modernizaron algunas instituciones museísticas, se abrieron otras nuevas y se comenzó a invertir con mayor seriedad en unos proyectos que hasta entonces eran considerados fuentes de gasto sin beneficio aparente. Aunque la frase de Germain Bazin (1969: 265), es propio de las guerras que al acelerar bruscamente el curso de la historia creen una ruptura entre el presente y el pasado y provoquen una toma de conciencia de los tiempos nuevos, fuera difícilmente aplicable a la España de finales de la Guerra Civil, por cuanto esa conciencia patrimonial tardaría en consolidarse, es cierto que, aun con retraso y a rebufo de los que había sido en los países europeos una sensibilidad creciente por la conservación del patrimonio a partir del final de la II Guerra Mundial, España se modernizaba –con moderación- a medida que avanzaba el siglo y se empezaba a ver las cosas de otro modo.

 

 

Todo pasa y todo queda

pero lo nuestro es pasar,

pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

(Antonio Machado)

       El camino hacia la normalización política comenzó, de manera definitiva, a la muerte del dictador (1975). Época, la que comenzaba, convulsa, de miedos, de esperanzas, de pactos, de proyectos, de logros, de frustraciones. Repasar aquel periodo sería imposible en estas líneas, aunque, para el campo que nos ocupa, el de los museos, la nueva articulación del estado en Comunidades Autónomas va a resultar trascendental. El Estado de las autonomías venía a sustituir la antigua organización político-administrativa del país, centralizada y unificadora, por un mapa más complejo –y más descentralizado- en el que las competencias sobre los asuntos culturales fueron traspasados, total o parcialmente, a los nuevos poderes regionales. En adelante, estos gobiernos detentarían potestades legislativas y ejecutivas sobre la mayoría de los bienes patrimoniales ubicados en sus límites territoriales.

      El tránsito no fue fácil. Las negociaciones, arduas en muchos casos. Las dificultades, innumerables. Tomar las riendas de la gestión de los bienes patrimoniales era un gran reto para las nuevas comunidades autónomas, carentes de estructuras operativas en campos tan especializados y acostumbradas a que la solución, si es que llegaba, llegara desde Madrid. Pero también era una oportunidad. Por un lado, permitía establecer directrices propias y no dictadas desde un poder central –aunque la armonización de políticas fuera un elemento de base en la nueva situación-; y, por otro, abría las puertas a la creación de cuerpos de funcionarios o especialistas conocedores de –e integrados en- la realidad local. Recordemos que hasta 1973, es decir, dos años antes de la muerte del dictador, no se creó el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos (Ley 7/1973, de 17 de marzo), cuerpo que en 1985 contaba con la ridícula cifra de alrededor de 150 facultativos (Carretero: 1996).

      Era tanto lo que había que hacer que se empezaron a hacer las cosas a ritmos acelerados. A veces, demasiado acelerados. Existía una especie de inmediatez, de urgencia por cambiar las cosas, por retomar el tren de la Historia, por equipararse con nuestro entorno más cercano. Cada Autonomía buscó dotarse de una red de museos que reflejara la idiosincrasia, la memoria, de unos territorios hasta entonces desdibujados en una meta realidad política unificadora (Holo: 2000). Se inauguraron museos. Muchos. Hubo, permítaseme la expresión, una auténtica explosión demográfica de museos. Surgían por doquier, algunos cimentados en instituciones o colecciones preexistentes, otros, surgidos de la nada.

      Aún carecemos de estudios estadísticos serios sobre esa auténtica fiebre de creación de nuevos museos en España, pero creo que la situación del País Vasco (una de las comunidades autónomas) es, con las pertinentes matizaciones, extrapolable al conjunto del Estado. Si antes de la Guerra Civil existían en dicha comunidad siete (7) museos, el franquismo se encargaría de abrir otros ocho (8) –con la particularidad de que dos de ellos fueron inaugurados en 1975, año de la muerte de Franco-, mientras que a partir de ese momento la cifra de nuevos museos se dispara hasta sesenta y siete (67), y eso sin contar parques naturales o centros de interpretación, lo que no deja de ser un boom exponencial, máxime si tenemos en cuenta que la población del País Vasco ronda los tres millones de habitantes (Gobierno Vasco: 2006).

      Ese desarrollo, a veces disparatado, se debe interpretar desde distintas ópticas. Sin duda alguna, la razón más inmediata para entender el fenómeno es la urgencia de normalización de un panorama no normal agravado, además, por la cretinez ideológica y conceptual del franquismo. Había prisa por superar años de aridez cultural, mecánicas indolentes e iniciativas mediocres. Por olvidar –o, al menos, desembarazarse de- rancias moralinas, censuras omnipresentes y represión de os alientos creativos, para abrirse a la modernidad, al progreso, a la libertad. Por dotarse de una red de museos a la altura de los tiempos y del patrimonio conservado y a conservar.

       El Estado y, sobre todo, las comunidades autónomas encontraron en los museos, en su apertura una magnífica caja de resonancia para rubricar, de manera tangible, el proceso de modernización que se había emprendido. Inaugurar un museo se convirtió en un eslabón más del engranaje propagandístico de los grupos políticos en el poder. Cualquier iniciativa, bien fuera económica, de infraestructuras o de cualquier otra naturaleza, era susceptible de crítica, cuando no de descalificación, en un contexto polarizado y mediatizado por las pugnas políticas. Excepto la de abrir nuevos museos. Ante eso podía caber la duda, la matización, la discusión sobre el detalle, pero el hecho en sí nunca era cuestionado: hacerlo habría significado la descalificación inmediata de quien lo hiciera, la acusación de falta de sensibilidad por los bienes patrimoniales de quien denostara aquellas instituciones llamadas a perpetuar la memoria y ejemplificar el progreso. El museo se convertía en un fetiche. En un tabú.

      Se inauguraron museos de todo tipo. Grandes, pequeños, privados, públicos, mixtos, generalistas, especializados, ecomuseos, con proyección local o pensados para inscribirse en los circuitos internacionales, etc. Numéricamente, y a falta de una comprobación exhaustiva, quizá fueron los museos etnográficos o los dedicados a ilustrar la microhistoria de un territorio los más abundantes, aunque en el plano cualitativo, o mejor dicho, si nos atenemos al impacto mediático que generaron, fueron los de arte contemporáneo los grandes protagonistas de la eclosión museística en marcha, seguidos tal vez por los dedicados a la ciencia y la tecnología.

      Si nos fijamos bien, el arte contemporáneo y la ciencia –el adelanto científico- eran probablemente los campos tipológicos idóneos para ejemplificar el cambio que el país estaba experimentando (Díaz Balerdi: 2007). El primero, el arte contemporáneo, pasó a ser el campo emblemático de la modernidad: los objetos no pertenecían al pasado sino al presente y eran materializaciones de una sensibilidad avanzada para su tiempo, por lo que apoyar su producción, conservación y difusión, aunque fuera de manera superficial, y en muchos casos demagógica, se convirtió en una carrera o competición en la que cada grupo político, cada comunidad autónoma, se involucró en mayor o menor medida. La segunda, la ciencia, también marcaba pautas y logros del progreso, por lo que su divulgación, siguiendo con mayor o menor fortuna la filosofía del Exploratorium de San Francisco, también se convirtió en una prioridad, intentando además la "democratización" científica a través del modelo interactivo de exposición y transmisión de mensajes y contenidos.

      Keneth Hudson (1989), en un artículo ya clásico apuntaba que aunque sea triste decirlo, allí donde hay museos, los hay que no aportan ningún beneficio cultural, intelectual o espiritual a sus ciudadanos, o en muy poco grado; museos que, aunque desaparecieran de pronto, no causarían ningún vacío. Cuanto más se viaja, más se advierte la existencia de instituciones con esas características. Si líneas arriba señalaba que aún carecemos de estudios cuantitativos y cualitativos fiables respecto a la situación de los museos en España, tanto más podríamos decir acerca de cuántos de ellos son, como decía Hudson, innecesarios, cuántos de ellos cumplen cabalmente con el papel que teóricamente deberían cumplir, cuántos han sido abiertos sin que se haya calibrado su auténtica proyección, sus posibilidades de supervivencia –digna- más allá de los fastos de su inauguración, sus necesidades económicas, sus necesidades de personal, etc.

      Si volvemos a los ejemplos mencionados, con respecto al arte contemporáneo deberemos reconocer que, aunque existen muchas más posibilidades que hace unas décadas de apreciarlo o de profundizar en sus arcanos gracias a los numerosos museos que se ocupan de él, no por eso deja de ser un auténtico desconocido para la mayoría de la población, sin que se haya avanzado gran cosa a la hora de intentar que la relación entre los colectivo sociales y las obras de arte vayan más allá de la mera percepción visual. ¿Y que decir de la ciencia? Aparentemente los sistemas interactivos han triunfado y los índices de asistencia a museos a ella dedicados han crecido espectacularmente, pero no menos cierto es que muchas veces el fin último de quienes pulsan un botón para desencadenar una reacción experimental no es entender la mecánica de dicha reacción sino observar –a modo de espectáculo- el resultado conseguido. Es decir, poco más que jugar a maquinitas como antes se jugaba a petacos.

      He mencionado los crecientes índices de asistencia a los museos de ciencia, y ese crecimiento se podía extender al conjunto de museos españoles: hoy visitan museos muchas más personas que hace unas décadas, aunque también habría que matizar esa afirmación. El número de visitantes aumenta, pero no aumenta de la misma manera en todos los museos: hay algunos con crecimientos espectaculares –que son los que elevan ratios, inflan estadísticas y polarizan la atención mediática-, pero la mayoría de los museos siguen permaneciendo donde siempre estuvieron, en un lugar marginal, ajeno, distante. Siguen siendo auténticos desconocidos y dormitan en una cotidianeidad solitaria y desamparada. Incluso cuando uno hurga en los flujos crecientes y los analiza con baremos más cualitativos, los resultados son descorazonadores: la visitas son fugaces, aleatorias y ocupan muy poca atención del imaginario colectivo (Alcalde y Rueda: 2004).

       La renovación, la puesta al día de las estructuras museísticas, es algo fácilmente constatable a partir de la muerte de Franco y del comienzo de la transición. Resulta un proceso paralelo al de la normalización política emprendida, aunque todavía se detectan lagunas, campos sin explorar o caminos olvidados o marginados en las estrategias que lo hicieron posible. Al igual que en la política, basada en una democracia representativa, los canales de participación y de intervención del ciudadano de a pie son escasos en los asuntos patrimoniales. Pervive el modelo de museo tradicional, focalizado en el objeto, jerarquizado en su funcionamiento, discriminador de públicos por sus niveles de conocimiento o preparación académica, y tendente a utilizar lenguajes elitistas no al alcance de cualquiera. Finalmente, y por no alargar el recuento, la velocidad de los cambios ha llevado a un cierto descontrol, a la escasez e mecanismos correctores de políticas erróneas, al desequilibrio entre distintas comunidades autónomas –e incluso en el seno de las mismas-, incapaces de articular una red de museos operativa que luche con efectividad contra los grandes enemigos en la batalla por la preservación patrimonial: el alejamiento, la desidia, la pasividad obligatoria. Pero, quién sabe, quizá esos eran los peajes que habíamos de pagar por normalizarnos y equipararnos con nuestro entorno y con el signo de los tiempos actuales.

IMPUTADOS EN LAS LISTAS: REPÚBLICA O CORONA

         Los principales partidos políticos se han dotado de códigos éticos internos para gobernar de forma limpia y transparente y se comprometen a no llevar imputados en sus listas. Pero, claro, llegan las elecciones y, como no deben andar sobrados de candidatos impecables, se olvidan de su ética y, sin ponerse colorados, intentan colarnos a unos cuantos presuntos. Si antes de los próximos comicios no fueran retirados de las listas electorales todos los presuntos implicados en casos de corrupción, los ciudadanos tendríamos derecho a calificar las próximas elecciones del 22-M como "presuntamente democráticas". Ante la evidente falta de limpieza y rigor democrático, la indignación crece cada día entre los ciudadanos. Pero para que esta indignación produzca resultados democráticos positivos, todos deberíamos tener claro a quiénes no tenemos que votar y a quienes sí deberíamos botar.
 
          Por otro lado, flaco favor hace a la causa republicana la reivindicación sin mácula de la II República, proclamada el 14 de abril de 1931. Lo mismo podría decirse al sostener la monarquía reconociéndose, sin más, juancarlista. La impresión es que en nuestro país la república vive del cuento y la monarquía de la prensa del corazón. Por eso la república no produce ni frío ni calor y la monarquía deja tibio. Y eso que estos dos modelos de gobierno son participaticos para los ciudadanos. Esta es la verdadera dictadura de nuestra democracia, su acomodo en la indiferencia ante la partitocracia de dos partidos mayoritarios y otros minoritarios nacionalistas.

(CARTAS DEL LECTOR: 20 MINUTOS)

LOS DERECHOS DE 1948: LA IMAGEN DEL TEMPLO CLÁSICO

          En su momento se presentó este manifiesto como un templo con cimientos, cuatro columnas y un frontón, que figuran, convenientemente distribuidos, el preámbulo y los 30 artículos. Una imagen que quiere expresar que todos los derechos que se enuncian en la Declaración constituyen un conjunto indisociable. En la base, los principios generales de libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación. La primera columna representa los derechos y libertades de orden personal; la segunda, los derechos del individuo en sus relaciones con los grupos de los que forma parte; la tercera, las facultades espirituales, las libertades públicas y los derechos políticos fundamentales; y la cuarta, los derechos económicos, sociales y culturales. El frontón que corona el templo se refiere a los vínculos del individuo con la sociedad [René Cassin].

          No deja de ser curiosa esta imagen. Pero conviene que no lleve a engaño. El templo es sólido, pero aún no está totalmente constuido: es un templo en obras. Pues el acuerdo por el que se formalizó la Declaración Universal no fue unánime y nunca ha contado con el completo apoyo de todos los países. De hecho, con el tiempo, esta situación sigue sin resolverse: se han mantenido, incluso acentuado, los problemas políticos suscitados en el momento de la aprobación. Su valor actual ha sido cuestionado, para empezar, por algunos estados que no tuvieron la posibilidad de participar en su redacción y aprobación por la ONU (muchos de ellos eran aún colonias), repitiendo una vez más la acusación al texto de ser "eurocéntrico". Pero además la abstención en 1948 de Arabia Saudí se ha visto reforzada en estos años con la Declaración de El Cairo sobre los Derechos Humanos en el Islam, suscrita en 1990 por los 53 estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica, que incluye algunas disposiones que no parecen compatibles con la Declaración de 1948.

          Estas circunstancias han complicado un proceso que desde un principio se entendió como algo que iba a ser largo y ambicioso. No podía ser de otra manera. El conjunto de estos derechos no es algo que pueda acabarse de una vez para siempre. Está vivo. Y desde su aprobación no han cesado de concretarse, matizarse y extenderse sus contenidos. Con el transcurso del tiempo la comunidad internacional ha ido legitimando progresivamente su alcance moral, político y jurídico. Se han constituido un denso entramado de organizaciones internacionales intergubernamentales, donde no sólo son actores y sujeros del ordenamiento los estados, sino también las propias organizaciones internacionales y muchas organizaciones no gubernamentales. Sus denuncias e informes sobre las violaciones de los derechos humanos han sido y son un instrumento fundamental para su consolidación y defensa. Y como parte de este progreso se ha producido la incorporación de nuevos derechos.

          El reconocimiento internacional de los derechos y libertades de todos los seres humanos "sin que quepa formular ningún tipo de discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma... o cualquier otra condición de la persona o del territorio de cuya jurisdicción dependa" ha hecho posible y avalado la extensión de los derechos protegidos. Pues esa expresión, "cualquier otra condición", es tan amplia que permite abarcar las nuevas formas de discriminación que puedan aparecer en la sociedad actual. Así ha ocurrido con las discriminaciones basadas en discapacidades o en la orientacion sexual de las personas. Y así continuará ocurriendo con la emergencia de nuevos temas que puedan dar lugar a nuevas discriminaciones. Por eso se discute en la actualidad la conveniencia de incorporar posibles nuevos derechos (incluso nuevas generaciones de derechos). Hoy no es 1948. Se habla del derecho a un medio ambiente limpio. Del derecho al aborto. Y se plantea el derecho a un ingreso básico de subsistencia. Se proponen nuevos derechos migratorios.

          Muchos de los derechos enunciados en la Declaración forman hoy parte de los principios generales del Derecho y de las normas consuetudinarias internacionales, y son obligatorios para los 192 estados, más allá de los tratados que hayan podido suscribir (así el derecho a la vida, la prohibición de la esclavitud, las libertades de pensamiento, conciencia y religión, o el principio de no discriminación, que gozan todos ellos de una aceptación generalizada), y es cierto también que otros derechos, como el derechos a la nacionalidad, a la libertad de circulación, el derechos a buscar asilo, y casi todos los derechos de contenido económico, social y cultural, que no se han concretado todavía en tratados que precisen su contenido (o lo que es lo mismo: los estados no han mostrado la voluntad política necesaria). Con lo que el desequilibrio que el actual Derechos Internacional de Derechos Humanos presenta en el tratamiento de los diferentes derechos es patente. Se ha primado el derarrollo de los derechos civiles y políticos, mientras que la definición y aplicación internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, ha quedado mucho más atrás. La Declaración de Viena de 1993 reiteró la necesidad de modificar esta situación, e instó a la comunidad internacional a "tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso".

LINKS A DEBATE

http://www.regeneracionya.com/

http://www.juventudsinfuturo.net/

http://malestar.org/

http://www.nolesvotes.com/

ENTRE NOSOTROS Y LAS TINIEBLAS

EL HORIZONTE DE LOS DERECHOS HUMANOS
 

          El planeta entero es un enorme campo de batalla, en el que la inteligencia humana ha sido reducida a la avidez y renuncia a toda continuidad entre las cosas. Una guerra sin cuartel, donde ya nadie dice: "dale a mi novia esto si la vez un día". Frente a este paisaje sería repugnante el conformismo. Decía Camus en Combat: "sin justicia no hay orden"; y el orden de los pueblos "radica en su felicidad". Pero también afirmaba su determinación de preferir "eternamente el desorden a la injusticia". Con él estamos. No cabe, pues, sino resistir y denunciar. ¿Qué horizonte nos permite recuperar la esperanza? Si la ciudad es el lugar del derecho, el horizonte no puede ser otro que el de la insistencia en los derechos humanos. Pues son esos derechos los que nos separan de las tinieblas.

          Los derechos humanos se oponen al mundo de desigualdades y diferencias que conocemos. Se aspira a ellos de forma mayoritaria. Aunque su interpretación varíe de unas culturas a otras, une más intereses de los que separa. Por eso se dice, con acierto, que en todos los campos, los derechos humanos constituyen el gran tema de nuestro tiempo. Es un asunto que caracteriza nuestra época, que se ha considerado como el logro del siglo XX. Un núcleo de derechos que tiene que ver con lo más radicalmente profundo del hombre y de la mujer, con su dignidad. Un historiador europeo los ha caracterizado como principios sólidos que parecen "de las pocas cosas que se interponen entre nosotros y las tinieblas". Un economista asiático los reivindica con la democracia, pues "ningún país democrático permite el hambre". Dos análisis optimistas, de distintas culturas, que confían en completar la tarea en el siglo que empieza.

ENHORABUENA...

LA CONDICIÓN DE NAÚFRAGO
 

          Atravesados por un naufragio, han perdido sus asideros (o nunca han dispuesto de ellos), y luchan por cambiar su destino. La metáfora, de uso frecuente, la hemos tomado del médico francés Patrick Declerk, que llama naúfragos a los indigentes. A los indomiciliados, sin techo, transeúntes o "grandes excluidos". Sus condiciones de vida las resume así: "Viven mal, muy mal. Atraviesan la vida titubeando, cojeando, a la pata coja, de rodillas arrastrándose. Pero de todos modos, la atraviesan. Suicidándose muy raramente, prefieren quedarse en eso, para nada, día tras día, año tras año, contemplando, pasmados y risueños, las posteridad de los gusanos. Buques fantasmas y misteriosos. Nadie al timón. Grandes viajeros del vacío, vagan lejos de las pesadas realidades del mundo". Están en la ciudad y sólo tienen la ciudad, pero la ciudad no les da nada. Simplemente les ignora, o casi. Unos centros de acogida proporcionan, con algo del mundo carcelario, cama, cena y cuidados médicos a una parte de ellos, que todo el mundo sabe insuficiente.
 
          Son muchos, desde luego, los indigentes de nuestras ciudades. La mayoría son pobres, pero la pobreza y la exclusión social no bastan para dar cuenta de su existencia. Se encuentran entre ellos personas procedentes de todas las categorías sociales, si bien con patologías familiares importantes en casi todos los casos. Son el grado cero de la marginalidad. Las cifras mejor las saltamos, si saliesemos de nuestro acogedor primer mundo conforman la mayor parte de la población mundial.

          Porque, lo sabemos, "a las personas no se les debería permitir llegar a ser tan pobres como para ofender o causar dolor a la sociedad". Vivir en la pobreza puede ser triste, pero "ofender o causar dolor a la sociedad" creando "problemas a quienes no son pobres", es, al parecer y según nuestro alcalde, la verdadera tragedia. "Es difícil reducir más a los seres humanos a la categoría de medios". No es necesario caracterizarlos, por más que los taxonomistas sociales se esfuercen en distinguir situaciones.

          Cualquiera los reconoce. Son esa población que no puede cumplir las perspectivas vitales establecidas como mínimas dentro de su hábitat concreto. Y además, lo sabemos igualmente, son muchos, muchísimos los pobres. Vivimos en un paradójico mundo de naúfragos. Mas empecemos con los de nuestras ciudades.

          La política urbanística consistía, decíamos en limitar la presencia de los pobres, de los naúfrados, en la ciudad. Se les reduce el espacio libre y se les confina, conforme una política social carcelaria y la carcelización de determinados barrios. Un proceso que se ha ido acelerando e intensificando en la última época. Se ha denunciado la existencia de un proceso de criminalización y progresivo confinamiento de los excluidos, paralelo a la restricción general de libertades. Es muy posible, aunque hay quien lo discute. Pero de lo que no cabe duda es que la ciudad hoy se estrecha para nuestros naúfragos. Y con ellos, a todos nosotros.

          Por de pronto, en buena parte de los espacios públicos se controla el acceso. La mayor parte de los aeropuertos o las estaciones, por ejemplo, ya no son de libre acceso. Tampoco se puede pedir limosna en los centros comerciales, desde luego. Ni se admite la entrada de cualquiera en esos hoscos barrios "cerrados", obviamente. Cuando en lugar de calles se hacen "vías especializadas" de tráfico, el acceso también se limita: en muchas de ellas sólo se entra en coche, por ejemplo. Los parques públicos también se clausuran, al menos a determinadas horas. Y cuando un espacio urbano comercial se transforma en un "centro comercial abierto" rápidamente se restringe el paso a las personas que puedan resultar molestas a la clientela. ¿Cuánta ciudad se separa de la ciudad común? No tenemos datos, pero es claro que el porcentaje de suelo urbano expedito, abierto a todos, disminuye implacablemente con el tiempo. Pero es que ni siquiera en el espacio no cerrado pueden estar todos libremente. Sabemos que no es difícil encontrar en la historia de cualquier ciudad viejas ordenanzas que prohiben la mendicidad. Suelen presentarse como algo obsoleto, propio de tiempos padados, con un Estado que agobiaba y perseguía a los mendigos. Como... EL ACTUAL, su orientación y contundencia no son muy distintas a las de muchas ordenanzas actuales, supuestamente cívicas. Al parecer, EL SEÑOR GALLARDÓN QUIERE EVITAR VER NAÚFRAGOS EN SUS CALLES, PREFIERE ENCARCERLAR A AYUDAR, LE PRODUCE MALESTAR EN SUS OJOS VER GENTE EN ESAS CONDICIONES. AUN NO SE HA DADO CUENTA DE QUE SU QUEHACER GIRA EN TORNO A CREAR UN MADRID MEJOR, UN MADRID DE TODOS SIN EXCEPCIÓN, UN MADRID DONDE LOS DERECHOS SE ADQUIEREN POR EL ÚNICO HECHO DE HABITARLO SIN TENER QUE CUMPLIR CON NINGÚN DEBER (porque de otro modo, seríamos demagógicos llamandolos derechos).

          De momento, sorprende en la villa la vigencia de una Ordenanza Municipal de Política Urbana y Gobierno de la Villa que data de 1948. Es muy bonita, "queda especialmente prohibida la blasfemia". Pero para lo que nos interesa, "se prohibe realizar en la vía pública cualquier acto que pueda molestar a los transeuntes, o que, por su naturaleza sea indecoroso". Y desde luego: "se prohibe el ejercicio de la mendicidad bajo cualquier forma y en todo lugar... Los que se encontraren pidiendo limosna en la vía pública serán amonestados por primera vez y conducidos, sin reinciden, a los Albergues de Mendigos, donde se procederá a su CLASIFICACIÓN. Impresionante: se procederá a su clasificación. ENHORABUENA MADRID, ENHORABUENA GALLARDÓN.
 
          Pero veamos ahora Barcelona, ese universal modelo de civismo. La ordenanza se declara destinada a "preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo", pero inmediatamente considera sancionables las conductas "que adoptan formas de mendicidad". Lugar de convivencia, sí, pero pretende hacer frente a quienes "generan rechazo o incomodidad y perturban la tranquilidad del viandante". ¿Se refiere a los turistas? No; no se refiere a los turistas. Entre las conductas tipificadas como "uso impropio del espacio público" se encuentran las de dormir en la calle o en el parque, de día o de noche, o utilizar los bancos "para usos diferentes a los que están destinados". De manera que con esa magnífica regulación del espacio público, modelo universal de civismo, quedan fuera de la ley y se consideran perseguibles a las perosnas sin hogar que no consigan permanecer días y días sin dormir. Se "estigmatiza aún más este colectivo al considerarlo legalmente excluido y legítimamente perseguible por su condición din "hogar". ENHORABUENA BARCELONA, ENHORABUENA HEREU.

SENTIMIENTO NACIONAL

Era 9 de octubre: día de la Comunidad Valenciana. Su capital se viste de fiesta para pasear por las calles su bandera, la senyera. La siguen cientos de personas, algunas de ellas portando carteles con un mensaje político. El protagonista de las manifestaciones y los lemas de las proclamas que se escuchan: el sentimiento nacional y la identificación como grupo político. Las ideologías de todo tipo; desde españolistas unitarios a autonomistas, desde los protectores de la causa catalana a aquellos que la tienen auténtica rabia, llegando también a los que piden una independencia valenciana al margen de los nacionalismos español o catalán. En ellas, se observa un relevante porcentaje de participación joven. ¡Vaya, parece que la juventud se preocupa más por la política que en otras regiones de España! Sin embargo, resulta bastante triste que un único tema monopolice el interés político; y más cuando éste queda reducido a cuatro insultos y gritos sin sentido entre los partidarios de una u otra postura. ¿Acaso conocemos el origen de los nacionalismos en nuestro país y sus auténticas dimensiones?

CIUDADANOS SIN CIUDADANÍA

Nuestra preocupación política debería ser algo más activa y comprometida, quizá algún día nos demos cuenta de ello. Hemos reducido nuestra participación ciudadana a unos comportamientos que han pasado a ser ritualistas; convenciones sin más, aceptadas por una masa recién salida de una dictadura en su momento y reafirmadas hoy por una sociedad en la que no nos damos cuenta de que la base de nuestro sistema de derecho democrático sino una mentira, sí pasa por ser una tomadura de pelo. Las instituciones de democracia directa de nuestro sistema son poco más que inexistentes, bromas de mal gusto. Las defensas ante los excesos del Estado discutibles, sino analicemos la actuación de nuestros sindicatos. Nuestra participación ciudadana se reduce a la práctica electoral de una forma agnóstica. Nuestras cortes no se diferencian mucho de ser una clase de párvulos con un bajo índice de asistencia. Sus sesiones quedan reducidas a risas, bromas y riñas entre los partidarios de uno u otro de los dos chicos más populares de clase. La Constitución Española es la “no norma” siendo su único artículo seguro la capitalidad del Estado. La aplicación de su división de poderes deja grandes dudas al respecto. Las instituciones que crean se reducen a la dirección de los dos grandes partidos. Del modelo de división territorial que propone mejor ni hablamos, no hay nada claro. Ante todo esto… no nos importa nada. ¿Qué más da?

Bases demográficas de la sociedad española

La población española y su crecimiento natural. La fecundidad y la nupcialidad. La mortalidad. Una nota sobre la movilidad interna de la población española. La estructura de la población española. Conclusiones.

 

          Comenzamos la categoría de formación política con un análisis del cambio reciente de la estructura social española revisando sus bases demográficas. Para ello hemos seguido el procedimiento habitual entre los demógrafos, que consiste en observar los tres procesos demográficos elementales que determinan el tamaño y la estructura de una población, a saber: la fecundidad, la mortalidad y los movimientos migratorios. En esos tres procesos demográficos básicos la sociedad española ha experimentado cambios muy importantes en las tres últimas décadas del siglo XX. Primer gran cambio: a comienzos de los años setenta del pasado siglo España tenía una de las tasas de fecundidad más altas de Europa; sin embargo, a comienzos del siglo XXI somos una de las poblaciones europeas con menor tasa de reproducción, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional. Segundo: hace treinta años España –que durante el pasado siglo XX había experimentado oleadas migratorias de gran consideración- había dejado prácticamente de enviar población al exterior de sus fronteras y apenas recibía emigrantes procedentes de otros países; en la actualidad se ha convertido, como otras sociedades europeas, polo receptor de elevadas cantidades de inmigrantes que se desplazan hacia España desde diversas regiones del mundo. Al mismo tiempo la pauta de los movimientos interiores ha cambiado también de forma radical: desde mediados de los años setenta en adelante se produce menos movilidad interna en España y la movilidad interior es de carácter pluridireccional y abierto (disminuyen las migraciones de índole laboral y aumenta la llamada movilidad de retorno o la residencial, adquieren importancia los movimientos lpendulares y tienen cada vez más peso los movimientos de corto recorrido). Y tercero en esas tres décadas la mortalidad ha seguido su curso descendente y se ha producido un significativo avance en la esperanza de vida de los españoles y, sobre todo, de las españolas.

 

          Con una perspectiva histórica amplia, podemos decir que a lo largo del siglo XX la sociedad española ha hecho su transición demográfica, el proceso en virtud del cual las sociedades que lo experimentan pasan de altas a bajas tasas de fecundidad y mortalidad. Como en otros países, la transición demográfica ha estado vinculada en España a los procesos de modernización social, económica y cultural (urbanización, alfabetización, pérdida de peso económico y social de la agricultura, industrialización, crecimiento de los servicios, desarrollo económico y elevación del nivel material de vida, secularización, etc.), que la han convertido en una sociedad avanzada. Ahora bien, los cambios que se han producido en las tasas vitales en los últimos treinta años apuntan al fin de la transición demográfica en nuestro país. En el momento actual, con tasas muy bajas de natalidad y de mortalidad, el crecimiento natural de la sociedad española es muy reducido en comparación al de las fases anteriores de la transición demográfica. Si durante buena parte del siglo XX España experimentó un crecimiento natural positivo y un saldo migratorio neutro o negativo, el crecimiento natural ha disminuido de forma muy notable (hasta el punto de que algunos años el número de nacimientos se ha aproximado mucho al de defunciones) y la movilidad interna se ha reducido, mientras que el saldo migratorio de ha ido haciendo cada vez mayor, al crecer la cantidad de inmigrantes muy por encima del número de emigrantes. Esos cambios de tendencia, auténticamente espectaculares en el caso de la fecundidad o la inmigración, resumen las claves demográficas de la población española durante este periodo, al final del cual España se presenta como un país con una estructura y un comportamiento demográfico equiparables al de otras sociedades avanzadas.

 

           Por lo que se refiere a la fecundidad, ésta ha ido disminuyendo de manera continuada en nuestro país desde mediados de la década de los setenta y hasta finales de los noventa. Algunos hitos de esa disminución incluyen el año 1981, cuando la fecundidad se situó por debajo del nivel de reemplazo generacional; el año 1993, cuando la fecundidad cayó bajo el umbral que caracteriza a las sociedades o regímenes demográficos contemporáneos de muy baja fecundidad; y el año 1998, cuando la fecundidad descendió hasta el mínimo de este periodo. La caída de la fecundidad ha sido de hecho tan fuerte, que ha llevado a España a ocupar, junto con Italia y algunos otros países de Europa oriental, los últimos lugares del mundo. Para caracterizar la caída de la fecundidad en estos años es necesario referirse al considerable retraso en el calendario de la maternidad de las mujeres españolas, al peso creciente que en nuestro país han ido adquiriendo los nacimientos extramatrimoniales y al importante déficit de natalidad de las mujeres españolas en el sentido de que están teniendo menos hijos de los que en realidad desearían tener. Y para comprenderla, hay que ponerla en relación, fundamentalmente a partir de los años ochenta, con la caída de la nupcialidad y con un calendario matrimonial más tardío. A su vez esa doble caída de la fecundidad y nupcialidad hay que conectarla con las dificultades que los jóvenes españoles han encontrado para independizarse de sus padres, agravadas tanto por la falta de puestos de trabajo y por la inestabilidad de los que se conseguían, como por la carestía de la vivienda.

 

           En cuanto a la mortalidad, hemos visto que España comenzó a experimentar la caída de las tasas a principios del pasado siglo XX y que ha conocido una evolución muy positiva a lo largo de toda la segunda mitad del siglo. Hemos insistido, además, en que esa positiva evolución secular de la mortalidad se ha prolongado en los últimos años del siglo pasado, periodo durante el cual los españoles han ganado casi siete años en su esperanza de vida. El desenlace de esa evolución tan favorable es que en la actualidad la sociedad española presenta una mortalidad, en especial para las mujeres, que se sitúa entre las más bajas del mundo. Hemos visto también que las ganancias en esperanza de vida de estos últimos treinta años obedecen, fundamentalmente, a la caída de la mortalidad en las edades más avanzadas. Dicho de otro modo, el logro fundamental de las tres últimas décadas del siglo XX reside, pese a que todas las edades contribuyen a aumentar la esperanza de vida –salvo los varones de más de 14 y menos de 30 años, que entre 1970 y 1990 contribuyeron negativamente debido a los efectos del sida, las drogas y las muertes violentas-, la mayor contribución positiva la hacen las edades avanzadas. Lógicamente, el resultado de ese auténtico “envejecimiento de la muerte” es el continuo aumento de la longevidad de la población española. En realidad, la evolución global de las causas de muerte a lo largo del siglo XX se ajusta razonablemente bien al modelo de la llamada transición epidemiológica, de acuerdo con el cual la población española ha entrado ya en la última fase de la transición de la mortalidad caracterizada por las enfermedades degenerativas y tardías. En ese estadio, las enfermedades infecciosas ceden paso a las enfermedades crónicas y a las relacionadas con determinados factores ambientales. De hecho, entre las principales causas de muerte de los españoles a finales del pasado siglo XX hay que señalar, por este orden, las enfermedades del aparato circulatorio, los tumores y las afecciones del aparato respiratorio, aunque no debe pasarnos inadvertido el peso creciente de los tumores y el decreciente de las enfermedades cardiovasculares.

 

           ¿Qué incidencia ha tenido la evolución reciente de las tasas vitales en la estructura por edad de la población española? A contestar esa pregunta dedicamos el último epígrafe del capítulo, en el que respondemos con un término de actualidad: el envejecimiento. El envejecimiento de la estructura de edad de una población, por el cual debe entenderse simplemente el paso creciente que en esa población tienen las edades avanzadas frente a las edades jóvenes, es uno de los principales retos a los que se enfrentan las sociedades que han concluido sus transiciones demográficas. En este sentido, hemos explicado que la estructura por edad de la población española, con bajas tasas de fecundidad y mortalidad continuadas, ha estado envejeciendo a lo largo de todo el siglo XX y –lo que tal vez sea tanto o más importante- que el proceso de envejecimiento de la población española se ha estado acelerando en los últimos años. El resultado de ese intenso y veloz proceso de envejecimiento es que nunca antes en la historia de nuestra población española habíamos contado con tantos ancianos (casi 7 millones de personas mayores de 64 años en España en 2001). Podemos esperar, asimismo, que en las próximas décadas el proceso del envejecimiento siga su curso y los ancianos representen una proporción creciente de la población española, lo que forzosamente abocará a nuestra sociedad a realizar un esfuerzo de adaptación en muchas de sus instituciones y un cambio de comportamiento económico si desea mantener sus actuales niveles de bienestar material.

Mercado de trabajo, ocupación y clases sociales

Conceptos básicos. La evolución del mercado de trabajo. La evolución de la estructura de clase. La evolución de la temporalidad. El escenario postindustrial. Implicaciones sociopolíticas de la transformación estructural. Conclusiones.

 

En el estudio de la estratificación, el caso español representa una peculiaridad mediterránea de industrialización tardía que la crisis económica de los años setenta impide madurar como hubiera sido deseable con arreglo a estándares europeos. Esto tiene varias implicaciones: por lo pronto, se retrasa la desagrarización hasta bien entrados en los años ochenta, al tiempo que se perpetúan unas viejas clases medias patrimoniales que marcan los límites del proceso de asalarización. Asimismo, las nuevas clases medias asalariadas, tomadas en sentido estricto (directivos, profesionales, técnicos…) tardan en ganar peso específico, por comparación con aquéllas, con las que no se equiparan, de acuerdo con las series de la EPA, hasta bien entrados los años noventa.

 

Pero ateniéndonos a las tres décadas que nos sirven de referencia, los cambios observados difícilmente podrían ser más espectaculares. Tanto por lo que se refiere al ritmo de la desagrarización, como al ritmo de crecimiento de esas nuevas clases medias, no es fácil encontrar procesos tan vertiginosos en los países del entorno. Es verdad que el ritmo no ha sido tan lineal como hubiera sido de desear, que los ciclos económicos han sido en ocasiones convulsos y que las decisiones políticas para el manejo de los mismos han tenido a veces efectos no queridos de indudable costes sociales, como hemos podido ver el estudio de la temporalidad. Pero el balance, en su conjunto, resulta extraordinario, especialmente de consolidarse la creación de empleo de la última década, lo que sería tanto como liquidar, de una vez por todas, la maldición secular que ha pesado sobre el mercado de trabajo en España, agobiado por la escasez de empleo.

 

A lo largo de este capítulo hemos procurado dar una visión contrastada de casa uno de los cambios estructurales en curso: hemos puesto el énfasis en los que nos parecen más importantes, por cuanto actúan como vectores de fuerza que marcan la orientación del cambio en su conjunto. Es cierto que a cada uno de ellos se le puede encontrar un vector de sentido contrario, el cual arroja sombra y motivo de preocupación. Al crecimiento imparable de la clase de servicio se le puede contraponer el crecimiento del proletariado de la construcción y los servicios (un proletariado escasamente nuevo, dicho sea de paso, salvo en la medida en que se nutre de inmigrantes). Al crecimiento de la cualificación de la mano de obra se le puede oponer el crecimiento de la temporalidad, especialmente si ésta se traduce por segmentación. Desde el punto de vista sectorial, se puede contraponer asimismo, al crecimiento de los servicios a las empresas (que proporcionan puestos estables y de alta cualificación), el crecimiento de la hostelería y la limpieza, menos brillantes en términos de requerimientos de cualificación y de la estabilidad laboral que ofrecen. Cabe la posibilidad, por tanto, de construir escenarios halagüeños o escenarios apocalípticos por el simple procedimiento de combinar y superponer a discreción los vectores que van en un sentido u otro. Sería fácil, por ejemplo, articular un discurso sobre la proletarización de la FT, la precarización del empleo y la dependencia de la economía española de actividades como la hostelería y la construcción. Pero sería un error explicar la evolución del caso español en esos términos, no porque esas cosas no se den en España, sino porque no son las que marcan la orientación general del cambio. Son vectores de crecimiento, pero no son los que caracterizan la transformación en su conjunto. Por poner un ejemplo, el aumento de peso relativo de la clase de servicio (12 puntos) es cinco veces mayor que el que los trabajadores no cualificados de todos los sectores, incluida la agricultura (2,4 puntos) durante nuestro periodo de referencia).

 

Recapitulando sobre cada uno de los procesos observados, lo primero que hay que señalar es que la desagrarización ha cumplido su ciclo, al final del cual el sector agrario queda reducido a su mínima expresión, si no fuera por la existencia de un reducto todavía apreciable de jornaleros y temporeros progresivamente ocupado por inmigrantes. Por lo demás, la agricultura familiar, tal como la conocimos durante más de un siglo, parece al borde el agotamiento.

 

Pero no todos las viejas clases medias que cuentan con un cierto componente patrimonial siguen el mismo destino. Uno de los hallazgos más llamativos es que una vez descontada la agricultura, la tasa de asalarización se resiste a crecer por encima del 84%, lo que deja un margen relativamente importante para la existencia de pequeños negocios, al tiempo que contradice la frecuente suposición de que un pequeño negocio carece de futuro, arrollado por la gran empresa capitalista.

 

Por lo que se refiere a los asalariados, es difícil sustraer a una cierta dinámica de polarización, dado el extraordinario crecimiento simultáneo de los mejores empleos (representados por la clase de servicio) y los peores, donde confluye el proletariado rural, cada vez menos dependiente de la agricultura y más de la construcción, con el de la industria y los servicios. Esta dinámica encaja bien en un país donde, por un lado, ha mejorado mucho la cualificación de las generaciones jóvenes (lo que facilita su acceso a la clase de servicio), al tiempo que el mercado de trabajo absorbe los últimos cuatro años del orden de 330.000 trabajadores inmigrantes por año (el libro fue escrito en 2005) –unos mil diarios-, abocados a aceptar los puestos más proletarizados. Puede que el balance sea poco brillante en términos de productividad, pero no está mal para un país que arrastrado un déficit de empleo de manera secular.

 

Quizás lo que más debate ha despertado ha sido el aumento súbito de la temporalidad a finales de los años ochenta y su resistencia posterior a reducirse. Es verdad que se ha convertido en una plaga para muchos jóvenes ansiosos por estabilizarse laboralmente, pero el problema en su conjunto dista de haberse convertido en un ejemplo de segmentación del mercado de trabajo. Tal como hemos tratado de probar, hay dos componentes de temporalidad: uno estructural, relativo a la naturaleza de ciertas actividades económicas, y otro estratégico, relacionado con prácticas de contratación en el proceso de integración laboral. En el primer caso, la segmentación, cuando se ha producido, ha sido por el efecto combinado del carácter estacional de las tareas a realizar (que puede conformar un circuito laboral del tipo agricultura-construcción-turismo) y de factores institucionales que, como el Plan de Empleo Rural, han tenido el efecto no querido de fijar la mano de obra a ese circuito concreto. Pero esto no ocurre siempre. En el segundo caso, la temporalidad está asociada a la edad, como hemos podido observar, con lo que el riesgo de cronificación no puede ser muy alto aunque sí lo sean los costes de quienes soportan un proceso de integración laboral de esas características. En consecuencia, si los agentes sociales quieren atacar un problema de cronificación de la temporalidad, pueden plantearse el desbloqueo de la función pública, donde sí que existe un problema de este tipo, tal como hemos podido comprobar. Obviamente, sólo podrán hacerlo con el concurso de las administraciones públicas, que son los empleadores en este caso.

 

Para terminar, baste con decir que una somera aproximación a la dinámica sectorial española arroja un escenario posindustrial muy diversificado, donde los principales vectores de desarrollo de la economía de los servicios (consumo de empresas, social y personal) muestran un gran empuje, seguidos de cerca por la administración pública y la hostelería. La estructura sectorial del empleo presenta un fuerte crecimiento de los sectores con mayores niveles de cualificación (17 puntos más para el conjunto de los servicios a las empresas, la administración pública y los servicios sociales), en tanto que los menos cualificados (la construcción y los servicios personales y domésticos) crecen 3,7 punto, muy por debajo de los primeros. La relación entre unos y otros es muy parecida a la que observamos entre las clases en la nota anterior. Por último, la presencia del sector público sigue siendo crucial en la configuración de este escenario, como lo prueba su arraigo y estabilidad en el sector de los servicios sociales, donde sigue manteniendo el peso relativo de hace treinta años, pese al empuje de los procesos de liberalización económica.

Estado de bienestar y desigualdad en España

Naturaleza y tipología de los estados de bienestar. El caso español. Los tres pilares del Estado de bienestar. La reforma del Estado de bienestar. Los españoles y el Estado de bienestar. Conclusiones.
  

  

Podemos clasificar, grosso modo, el régimen de bienestar en España como un variante mediterránea del modelo corporativo de EB, lo que implica, por así decir, una tendencia a exagerar algunos rasgos menos atractivos del modelo corporativo de referencia:

a) La dualidad entre el tratamiento de los trabajadores centrales y el de los periféricos o marginales

b) Un sesgo redistributivo a favor de los viejos y en contra de los jóvenes

c) Una excesiva carda de tareas sobre las familia, lo que redunda, en último término, en un obstáculo a la formación de las mismas, con los efectos negativos consiguientes sobre la fecundidad 

 

Como tal Estado de bienestar, el EB español se constituye en el marco del pacto social que hace posible la transición y el consenso constitucional de 1978. El problema es que la combinación de transición política y crisis económica restringió el margen de maniobra de la clase política del momento para diseñar un EB ex novo, más allá del rígido corporativismo impuesto por el legado franquista. Pero que el EB español siga atendiendo a un modelo corporativo no quiere decir que el EB estuviera ahí ya desde un principio, listo para ser actualizado, sino que el escaso margen de maniobra política de la transición agudizó el carácter evolutivo típico de estos procesos institucionales.

El gasto social ha seguido desde entonces una secuencia muy condicionada por factores políticos y económicos: los primeros fueron decisivos en la expansión del gasto en la primera (1975-1980) y tercera (1989-1996) de las cuatro etapas en que convencionalmente subdivide el periodo (las tres etapas de referencia), dominadas por la agitación política y la escalada de demandas sociales. Los factores económicos condicionaron, a su vez, la contención del gasto en la segunda etapa (1981-1988), dominada por políticas de ajuste y saneamiento para superar la crisis económica de los setenta. En la última etapa, la contención del gasto fue resultado de las políticas de déficit cero auspiciadas por el gobierno popular.

De los tres pilares en que se asienta el EB español (pensiones, sanidad y educación), el sistema de pensiones está atravesando por un momento particularmente dulce, tras haber superado las dificultades derivadas de las crisis económicas pasadas: la de finales de los setenta, que propició la “ley de pensiones” de 1985, y la de los primeros noventa, que propicio el Pacto de Toledo de 1995. El aumento espectacular de la afiliación a la SS desde esta última fecha, junto con el tamaño relativamente reducido de las cohortes que están llegando a la jubilación, facilitan un respiro a la evolución del sistema de SS en las próximas décadas, pero persisten las dudas en el medio y largo plazo (*** estamos en 2011).

Por su parte, el sistema educativo ha jugado un papel crucial en el paso de un sistema de estratificación dominado por clases medias patrimoniales y por pautas fuertemente adscriptivas a un sistema de clases medias funcionales, que ha facilitado la emergencia de pautas adquisitivas. Pero no está claro que con ello haya triunfado el ideal meritocrático, por cuanto los estudios disponibles siguen evidenciando la fuerza del cierre social, aunque sea bajo fórmulas cada vez más credencialistas y sofisticadas. En cuanto al sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud español ilustra bien los problemas de transición desde un modelo corporativo bismarckiano hasta un modelo universalista, en la tradición Beberidge, así como los riesgos que entraña la eventual retirada de clases medias para la calidad y la legitimidad del sistema público.
 

La actitud general de los españoles ante el EB es, como no podía ser de otra manera ambivalente: les gustaría que fuese más generoso y eficiente, siempre y cuando no fuese a costa suya. Más allá de lo obvio, conviene insistir en que la legitimación del Estado de bienestar en España, con estar muy extendida, no está exenta de problemas. Por lo pronto, la presión fiscal ha llegado a un umbral a partir del cual cualquier aumento encuentra fuertes resistencias. Al mismo tiempo, sigue muy extendida la impresión de que la carga fiscal está mal repartida. De la información disponible no se deduce qué alternativa contaría con más aceptación, pero cabe pensar, por ejemplo, que la asimetría entra la imposición de las rentas y del capital sería un tema a considerar. Asimismo, sigue arraigada la idea de un fraude fiscal bastante extendido, aunque no dispongamos de estudios recientes que lo cuantifiquen y no sepamos, por tanto, en qué medida la idea está respaldada. Hay, no obstante, una evaluación generalmente positiva de la capacidad de los gobiernos para administrar mejor los impuestos que sus predecesores: de hecho, de los cuatro años de los que hemos presentado información (dos de la etapa socialista y dos de la etapa popular), tres presentaron un balance claramente positivo y solamente uno presenta un balance ligeramente negativo (1992, el año de las Olimpiadas y la Expo).

Predomina, como vimos, una concepción de los impuestos como intercambio o contraprestación (“son necesarios para prestar servicios, hacer carreteras…”), más que una idea redistributiva (“un medio para redistribuir la riqueza”). Al mismo tiempo, en torno al 30% de los entrevistados presentan síntomas de rechazo fiscal (“son algo que el estado nos obliga a pagar sin saber a cambio de qué”), lo que plantea ciertos límites al consenso fiscal. Dentro de esta concepción de intercambio o contraprestación, el nivel de satisfacción de los españoles con el funcionamiento de los servicios públicos es, en general, aceptable, si bien los españoles siguen creyendo que el Estado debería gastar más en casi todas las partidas del gasto social (Arriba y Del Pino 2006). Esta demanda social parecía haberse atemperado, pero sigue activa, tanto más por cuanto la llegada de inmigrantes realimenta la demanda de servicios públicos.

Por lo general, dicha demanda se considera contradictoria con la idea de que la presión fiscal es alta y, por ende, hay poco margen para incrementarla, lo que ha dado lugar a hipótesis sobre el estatismo cínico de los españoles. Pero de las cuestiones estudiadas cabe deducir una interpretación alternativa que podemos formular en los siguientes términos: si hubiera menos fraude y la carga fiscal estuviera mejor repartida, habría más posibilidades de aumentar el gasto social en las partidas con mayor demanda (educación, sanidad, vivienda…).

Bases sociales de la política española

La evolución del sistema de partidos. Partidos y sindicatos. La etapa socialista. La etapa popular. Conclusiones.
  

 

           La primera conclusión que se desprende del estudio de las bases sociales de la política en España es la conveniencia de renunciar a cualquier idea de bases naturales, las cuales permitirían, a partir de unos intereses definidos de antemano, la formación de coaliciones, que darían, a su vez, acceso a la ansiada hegemonía política e ideológica. No hay nada de esto en la política de nuestros días: las organizaciones de clase tienen cada vez más dificultades para definir sus intereses que se redefinen continuamente, cuanto más a establecer coaliciones en el marco de una correlación de fuerzas cambiante. Hay que tener en cuenta que nos movemos en el terreno de la formación de clase, donde es verdad que las organizaciones de clase (los sindicatos, en nuestro caso) juegan un papel importante, pero donde no lo es menos que la cadena que conduce desde la posición de clase a la formación de preferencias políticas es cada vez más compleja e indeterminada. En el caso español, el proceso de formación de clase ha estado limitado por el hecho de que la institucionalización del conflicto de clase nunca ha llegado al punto que hubieran querido los sindicatos (que hubieran preferido un marco neocorporativo), pero ello no ha impedido que el factor de clase haya sido un factor de estabilidad electoral a lo largo del tiempo, aunque con fuerza desigual, dependiendo de la relación entre sindicatos y partidos.

 

           En segundo lugar, la configuración inicial del sistema de partidos, con un Partido socialista ocupando el centro-izquierda y un Partido Comunista ocupando un espacio de izquierda radical, es inseparable de la existencia de dos sindicatos (UGT vinculada al PSOE y CCOO vinculada al PCE) que irrumpieron en la transición con estrategias diferenciadas, cuando no antagónicas. En la medida en que dichas estrategias han convergido y se ha establecido una pauta sostenida de unidad sindical, la competencia inicial entre PSOE y PCE se ha ido diluyendo, dejando cada vez menos espacio para la implantación de IU. Esto explica, en buena medida, que dado el carácter rojiverde de esta coalición electoral, el componente verde imponga, poco a poco, sobre el rojo.

 

           En tercer lugar, es frecuente subestimar la capacidad de los sindicatos ante el empuje arrollador del capitalismo, cuando una observación cuidadosa de los acontecimientos sugiere una eficacia más que notable a la hora de defender los intereses de su área de influencia, como hemos podido ver con motivo de las huelgas generales de 1988 y 2002 (el caso de la de 2010). Esto no quiere decir que los sindicatos lo tengan fácil, ni mucho menos. Algunas de las dificultades son bien conocidas, tales como la individualización de las relaciones laborales en las economías postindustriales y la consiguiente proliferación de intereses corporativos cada vez menos susceptibles de ser interpretados en esquemas organizativos de corte clasista. Otras son menos evidentes, pero no menos relevantes.

 

           En el esquema keynesiano clásico, las políticas sociales eran una especie de variable dependiente de la capacidad de presión sindical, de tal suerte que los sindicatos renunciaban a una parte de esa capacidad a cambio de políticas de bienestar, lo que desplazaba, en cierto modo, el conflicto desde el ámbito de la distribución al de la redistribución, con la mediatización del Estado. Hoy en día, esa dependencia está diluida, desde el momento en que los sectores que dependen de políticas sociales y, en particular, los pensionistas representan un tercio del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les proporciona una especie de veto electoral a cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en contra de sus intereses, con relativa independencia de lo que hagan los sindicatos, lo que empuja a éstos a actuar cada vez menos con fuerzas reformistas y cada vez más con factores de bloqueo ante eventuales reformas.

 

           Por lo que se refiere a las pautas de voto, la dinámica electoral de las últimas décadas nos ha permitido observar un cierto tránsito desde el voto de clase al voto económico de 2000, momento de máximo debilitamiento del voto de clase (Caínzos 2001), parcialmente restablecido en las últimas elecciones. Y así como el componente de clase de voto funciona como un anclaje estructural que da estabilidad al proceso político, el efecto de edad funciona como un factor de cambio, propiciando el voto de castigo tanto en 1996 como en 2004 y, con ello, el cambio de ciclo político. Ahora bien, no todo lo relacionado con la edad es factor de cambio. De acuerdo con un análisis anterior (González y Salido 2003), que los de 2004 parecen confirmar, de los tres rasgos característicos del voto juvenil a los que hemos hecho referencia (baja participación, radicalismo e izquierdismo), los dos primeros son efectos de la edad propiamente dichos, en tanto que el tercero sería, más bien, un efecto generación de los que en 1996 tenían 25-34 años y en las últimas elecciones tenían, en su mayoría, 45-54.