La primera conclusión que se desprende del estudio de las bases sociales de la política en España es la conveniencia de renunciar a cualquier idea de bases naturales, las cuales permitirían, a partir de unos intereses definidos de antemano, la formación de coaliciones, que darían, a su vez, acceso a la ansiada hegemonía política e ideológica. No hay nada de esto en la política de nuestros días: las organizaciones de clase tienen cada vez más dificultades para definir sus intereses que se redefinen continuamente, cuanto más a establecer coaliciones en el marco de una correlación de fuerzas cambiante. Hay que tener en cuenta que nos movemos en el terreno de la formación de clase, donde es verdad que las organizaciones de clase (los sindicatos, en nuestro caso) juegan un papel importante, pero donde no lo es menos que la cadena que conduce desde la posición de clase a la formación de preferencias políticas es cada vez más compleja e indeterminada. En el caso español, el proceso de formación de clase ha estado limitado por el hecho de que la institucionalización del conflicto de clase nunca ha llegado al punto que hubieran querido los sindicatos (que hubieran preferido un marco neocorporativo), pero ello no ha impedido que el factor de clase haya sido un factor de estabilidad electoral a lo largo del tiempo, aunque con fuerza desigual, dependiendo de la relación entre sindicatos y partidos.
En segundo lugar, la configuración inicial del sistema de partidos, con un Partido socialista ocupando el centro-izquierda y un Partido Comunista ocupando un espacio de izquierda radical, es inseparable de la existencia de dos sindicatos (UGT vinculada al PSOE y CCOO vinculada al PCE) que irrumpieron en la transición con estrategias diferenciadas, cuando no antagónicas. En la medida en que dichas estrategias han convergido y se ha establecido una pauta sostenida de unidad sindical, la competencia inicial entre PSOE y PCE se ha ido diluyendo, dejando cada vez menos espacio para la implantación de IU. Esto explica, en buena medida, que dado el carácter rojiverde de esta coalición electoral, el componente verde imponga, poco a poco, sobre el rojo.
En tercer lugar, es frecuente subestimar la capacidad de los sindicatos ante el empuje arrollador del capitalismo, cuando una observación cuidadosa de los acontecimientos sugiere una eficacia más que notable a la hora de defender los intereses de su área de influencia, como hemos podido ver con motivo de las huelgas generales de 1988 y 2002 (el caso de la de 2010). Esto no quiere decir que los sindicatos lo tengan fácil, ni mucho menos. Algunas de las dificultades son bien conocidas, tales como la individualización de las relaciones laborales en las economías postindustriales y la consiguiente proliferación de intereses corporativos cada vez menos susceptibles de ser interpretados en esquemas organizativos de corte clasista. Otras son menos evidentes, pero no menos relevantes.
En el esquema keynesiano clásico, las políticas sociales eran una especie de variable dependiente de la capacidad de presión sindical, de tal suerte que los sindicatos renunciaban a una parte de esa capacidad a cambio de políticas de bienestar, lo que desplazaba, en cierto modo, el conflicto desde el ámbito de la distribución al de la redistribución, con la mediatización del Estado. Hoy en día, esa dependencia está diluida, desde el momento en que los sectores que dependen de políticas sociales y, en particular, los pensionistas representan un tercio del censo electoral de las democracias avanzadas, lo que les proporciona una especie de veto electoral a cualquier tentativa de corregir el sistema de redistribución en contra de sus intereses, con relativa independencia de lo que hagan los sindicatos, lo que empuja a éstos a actuar cada vez menos con fuerzas reformistas y cada vez más con factores de bloqueo ante eventuales reformas.
Por lo que se refiere a las pautas de voto, la dinámica electoral de las últimas décadas nos ha permitido observar un cierto tránsito desde el voto de clase al voto económico de 2000, momento de máximo debilitamiento del voto de clase (Caínzos 2001), parcialmente restablecido en las últimas elecciones. Y así como el componente de clase de voto funciona como un anclaje estructural que da estabilidad al proceso político, el efecto de edad funciona como un factor de cambio, propiciando el voto de castigo tanto en 1996 como en 2004 y, con ello, el cambio de ciclo político. Ahora bien, no todo lo relacionado con la edad es factor de cambio. De acuerdo con un análisis anterior (González y Salido 2003), que los de 2004 parecen confirmar, de los tres rasgos característicos del voto juvenil a los que hemos hecho referencia (baja participación, radicalismo e izquierdismo), los dos primeros son efectos de la edad propiamente dichos, en tanto que el tercero sería, más bien, un efecto generación de los que en 1996 tenían 25-34 años y en las últimas elecciones tenían, en su mayoría, 45-54.
No hay comentarios:
Publicar un comentario