Los medios en la democracia avanzada en España

El espectro de la mediocracia. Democracia de partidos y democracia de audiencia. El patrón de opinión pública. El éxito de El País y la emergencia del planeta Prisa: de prensa de referencia a industria cultural. A modo de conclusión.

 

“La batalla por la comunicación es la forma que hoy parece tomar

La (antigua) lucha de clases”

           ¿Se encamina la sociedad española hacia una democracia de audiencia? La pregunta es demasiado ambiciosa para ser contestada de forma inequívoca en un texto de estas características, y su respuesta cabal exigiría todo un programa de investigación. Pretendemos aquí tan sólo establecer un marco general de laguna de las cuestiones que habría que considerar antes de responder a la pregunta.
 

           Ahora bien, hay algunas respuestas que podemos ir dando y, en particular, hay dos que podemos avanzar a la luz del caso español. En ambos casos, la respuesta es negativa. ¿En qué sentido podemos decir que el caso español representa una democracia de audiencia? Comenzando por lo más fácil, podemos afirmar que el caso español no representa una democracia de audiencia si por tal entendemos una democracia segmentada a la manera como están segmentadas las audiencias. En la medida en que las audiencias de la prensa y, en menor medida, de la radio están influidas por el estatus social, cabría suponer una correlación entre el nivel de acceso a la información (mucho mayor en el caso de la prensa que en el de la televisión) y el nivel de participación político-electoral. Puesto que esta participación es cada vez más exigente en materia informativa, debido a la creciente complejidad de los procesos políticos, cabría suponer incluso que la participación estuviese reservada a los ciudadanos mejor informados, los únicos con recursos cognitivos suficientes para manejarse en el proceloso mundo de la “política mediatizada” (es decir, la política hecha a la medida de los medios). Nada de esto se ha podido constatar en el caso español, y, si lo ha habido, la tendencia parece ser de sentido contrario (debido a la relación más bien inversa entre el nivel de estudios y la participación electoral).
 

           ¿Cabría hablar, al menos, de un cambio sustantivo en el patrón de opinión pública? Puede que sí, pero no en el sentido de la democracia de audiencia. Lejos de avanzar hacia una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos, lo que resulta de observar el caso español es una mezcla de partitocracia y mediocracia, dada la dependencia mutua entre partidos y medios, vinculación que se convierte, en ocasiones, en subordinación de la política a los intereses mediáticos. (La pasada legislatura es una buena ilustración de hasta dónde puede llegar esta subordinación, como lo prueba la pugna entre los grupos mediáticos más próximos al PP por imponerle una determinada agenda, en un momento en que la dirección de ese partido ha pasado por todo tipo de ambigüedades y vacilaciones. Nada tan elocuente, desde este punto de vista, como la perseverancia de medios como El Mundo o la COPE por tratar de mantener a toda costa el encuadre del gobierno de José María Aznar sobre la autoría etarra del 11-M, a fin de sustentar una opción estratégica del PP basada en la deslegitimación del gobierno salido de aquellas elecciones.
 

           La tipología propuesta por Hallin y Mancini nos sirve de molde para caracterizar el sistema de medios que se viene configurando en España desde la transición, cuyos rasgos más sobresalientes son: 

a) el alineamiento político de los medios, con el consiguiente riesgo de polarización ideológica;

b) la merma de autonomía profesional de los periodistas, con el consiguiente riesgo de instrumentalización política;

c) el intervencionismo gubernamental, con el consiguiente riesgo de clientelismo político. 

          El problema es que el efecto combinado de estos riesgos puede ser demoledor para la configuración de una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos y para la superación, con ello, de la democracia de partidos tipificada por Manin.
 

           Es verdad que los medios de comunicación han cumplido un servicio impagable a la democracia española, a la hora de controlar a los partidos políticos y a los agentes sociales y económicos, así como de mantener una opinión pública informada y vigilante ante los eventuales abusos de unos y otros. Pero no lo es menos que en el despliegue de un sistema mediático caracterizado por el alineamiento político de los medios, estamos asistiendo a una fase en la que éstos ya no se conforman con ser altavoces de los partidos afines, sino que intentan imponerles su agenda política. De tal suerte que, en lugar de conformar una esfera de opinión pública relativamente autónoma de los partidos, con capacidad para arbitrar y regular el conflicto político, los medios son factores de polarización y parte activa de ese mismo conflicto.
 

           Con frecuencia, el ruido mediático producido por esta situación se interpreta como síntoma de una vigorosa democracia de audiencia, cuando el ruido no es tanto sinónimo de su vigor como de su profunda perversión. Es verdad que, por primera vez en la democracia española, el gobierno de turno ha decidido acometer una reforma de la televisión pública, y que eso podía ser el principio de un nuevo círculo vicioso, pero la experiencia dice que los hábitos y las tradiciones en materia tan idiosincrásica como es el patrón de opinión pública son muy resistentes al cambio.