Podemos clasificar, grosso modo, el régimen de bienestar en España como un variante mediterránea del modelo corporativo de EB, lo que implica, por así decir, una tendencia a exagerar algunos rasgos menos atractivos del modelo corporativo de referencia:
a) La dualidad entre el tratamiento de los trabajadores centrales y el de los periféricos o marginales
b) Un sesgo redistributivo a favor de los viejos y en contra de los jóvenes
c) Una excesiva carda de tareas sobre las familia, lo que redunda, en último término, en un obstáculo a la formación de las mismas, con los efectos negativos consiguientes sobre la fecundidad
Como tal Estado de bienestar, el EB español se constituye en el marco del pacto social que hace posible la transición y el consenso constitucional de 1978. El problema es que la combinación de transición política y crisis económica restringió el margen de maniobra de la clase política del momento para diseñar un EB ex novo, más allá del rígido corporativismo impuesto por el legado franquista. Pero que el EB español siga atendiendo a un modelo corporativo no quiere decir que el EB estuviera ahí ya desde un principio, listo para ser actualizado, sino que el escaso margen de maniobra política de la transición agudizó el carácter evolutivo típico de estos procesos institucionales.
El gasto social ha seguido desde entonces una secuencia muy condicionada por factores políticos y económicos: los primeros fueron decisivos en la expansión del gasto en la primera (1975-1980) y tercera (1989-1996) de las cuatro etapas en que convencionalmente subdivide el periodo (las tres etapas de referencia), dominadas por la agitación política y la escalada de demandas sociales. Los factores económicos condicionaron, a su vez, la contención del gasto en la segunda etapa (1981-1988), dominada por políticas de ajuste y saneamiento para superar la crisis económica de los setenta. En la última etapa, la contención del gasto fue resultado de las políticas de déficit cero auspiciadas por el gobierno popular.
De los tres pilares en que se asienta el EB español (pensiones, sanidad y educación), el sistema de pensiones está atravesando por un momento particularmente dulce, tras haber superado las dificultades derivadas de las crisis económicas pasadas: la de finales de los setenta, que propició la “ley de pensiones” de 1985, y la de los primeros noventa, que propicio el Pacto de Toledo de 1995. El aumento espectacular de la afiliación a la SS desde esta última fecha, junto con el tamaño relativamente reducido de las cohortes que están llegando a la jubilación, facilitan un respiro a la evolución del sistema de SS en las próximas décadas, pero persisten las dudas en el medio y largo plazo (*** estamos en 2011).
Por su parte, el sistema educativo ha jugado un papel crucial en el paso de un sistema de estratificación dominado por clases medias patrimoniales y por pautas fuertemente adscriptivas a un sistema de clases medias funcionales, que ha facilitado la emergencia de pautas adquisitivas. Pero no está claro que con ello haya triunfado el ideal meritocrático, por cuanto los estudios disponibles siguen evidenciando la fuerza del cierre social, aunque sea bajo fórmulas cada vez más credencialistas y sofisticadas. En cuanto al sistema sanitario, el Sistema Nacional de Salud español ilustra bien los problemas de transición desde un modelo corporativo bismarckiano hasta un modelo universalista, en la tradición Beberidge, así como los riesgos que entraña la eventual retirada de clases medias para la calidad y la legitimidad del sistema público.
La actitud general de los españoles ante el EB es, como no podía ser de otra manera ambivalente: les gustaría que fuese más generoso y eficiente, siempre y cuando no fuese a costa suya. Más allá de lo obvio, conviene insistir en que la legitimación del Estado de bienestar en España, con estar muy extendida, no está exenta de problemas. Por lo pronto, la presión fiscal ha llegado a un umbral a partir del cual cualquier aumento encuentra fuertes resistencias. Al mismo tiempo, sigue muy extendida la impresión de que la carga fiscal está mal repartida. De la información disponible no se deduce qué alternativa contaría con más aceptación, pero cabe pensar, por ejemplo, que la asimetría entra la imposición de las rentas y del capital sería un tema a considerar. Asimismo, sigue arraigada la idea de un fraude fiscal bastante extendido, aunque no dispongamos de estudios recientes que lo cuantifiquen y no sepamos, por tanto, en qué medida la idea está respaldada. Hay, no obstante, una evaluación generalmente positiva de la capacidad de los gobiernos para administrar mejor los impuestos que sus predecesores: de hecho, de los cuatro años de los que hemos presentado información (dos de la etapa socialista y dos de la etapa popular), tres presentaron un balance claramente positivo y solamente uno presenta un balance ligeramente negativo (1992, el año de las Olimpiadas y la Expo).
Predomina, como vimos, una concepción de los impuestos como intercambio o contraprestación (“son necesarios para prestar servicios, hacer carreteras…”), más que una idea redistributiva (“un medio para redistribuir la riqueza”). Al mismo tiempo, en torno al 30% de los entrevistados presentan síntomas de rechazo fiscal (“son algo que el estado nos obliga a pagar sin saber a cambio de qué”), lo que plantea ciertos límites al consenso fiscal. Dentro de esta concepción de intercambio o contraprestación, el nivel de satisfacción de los españoles con el funcionamiento de los servicios públicos es, en general, aceptable, si bien los españoles siguen creyendo que el Estado debería gastar más en casi todas las partidas del gasto social (Arriba y Del Pino 2006). Esta demanda social parecía haberse atemperado, pero sigue activa, tanto más por cuanto la llegada de inmigrantes realimenta la demanda de servicios públicos.
Por lo general, dicha demanda se considera contradictoria con la idea de que la presión fiscal es alta y, por ende, hay poco margen para incrementarla, lo que ha dado lugar a hipótesis sobre el estatismo cínico de los españoles. Pero de las cuestiones estudiadas cabe deducir una interpretación alternativa que podemos formular en los siguientes términos: si hubiera menos fraude y la carga fiscal estuviera mejor repartida, habría más posibilidades de aumentar el gasto social en las partidas con mayor demanda (educación, sanidad, vivienda…).
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